Hecha la ley, hecha la trampa

La ley de infraestructura o “ley ODEBRECHT” (ley 1882 de 2018), después de haber pasado casi un año, volvió a escucharse por los colombianos gracias a la procuraduría, quien solicito a la corte constitucional que declare inexequible el artículo 20 de dicha norma.



La historia de esta norma inicio cuando el ex-Contralor Edgardo Maya, el senador del Polo democrático Jorge Enrique Robledo, entre otros, denunciaron que había un “mico” (un artículo incluido a escondidas) y solicitaron al ex-presidente Santos que no sancionara la ley, porque de lo contrario la demandarían ante la corte constitucional.

Este “mico” consiste en permitir que las empresas privadas al incumplir o realizar actos corruptos en contratos de alianza público-privada, pueden obligar al estado colombiano a pagar sus daños, pérdidas, deudas e intereses, con el agravante de ser una ley retroactiva, es decir que las empresas que hayan fracasado en sus negocios antes de la expedición de la ley, pueden recargar al estados sus daños, pérdidas, deudas e intereses del pasado. Lo más curioso  fue su aparición y aprobación, días después del escándalo de corrupción de la multinacional ODEBRECHT. Este hecho ha llevado a muchos a pensar y afirmar que la ley fue adecuada para la empresa corrupta ODEBRECHT y su socio CORFICOLOMBIANA, quienes gozarían de los beneficios de esta ley.

Lo que muy pocas personas saben, es que el éxito de la aprobación de esta ley, se logró gracias a un acuerdo de los partidos de gobierno, más el Centro Democrático que supuestamente era oposición, con el gobierno Santos para que por medio de un decreto reglamentario, modificara la norma si le parecía que debía modificarla. Practicante le dieron un cheque en blanco al gobierno nacional con la supuesta esperanza de modificar la norma que tanto le costó tramitar, debatir y aprobar en el congreso y que hoy en día los hechos dicen que no la modifico.

Según la procuraduría, esta ley desconoce los límites de la propiedad y del derecho de dominio establecidos en los artículos 34 y 58 de la Carta Política, al señalar la obligación de efectuar reconocimientos económicos en la liquidación de contratos de APP y otorgar a los contratistas derechos a partir de títulos carentes de legalidad, permitiendo el enriquecimiento ilícito y eliminando las sanciones que se le deberían aplicar a las empresas que hurtan al estado.

Esto demuestra que en Colombia se legisla y se gobierna con la lógica de seguir un capitalismo de amigotes para que esos cuantos nunca pierdan en sus negocios, mientras que al colombiano promedio de atreverse hacer esas gracias le caerá todo el peso de la ley.

Nuevamente estamos dependiendo del veredicto de la corte constitucional para frenar las políticas corruptas que solo benefician a unos cuantos, de no ser declarado inexequible el artículo 20 de dicha norma, los colombianos seremos los que paguemos los actos corruptos de contratistas privados que contratan con el estado.

Por Camilo Polanía Cardona.

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