Hecha la ley, hecha la trampa

La ley de infraestructura o “ ley ODEBRECHT ” (ley 1882 de 2018), después de haber pasado casi un año, volvió a escucharse por los colombianos gracias a la procuraduría, quien solicito a la corte constitucional que declare inexequible el artículo 20 de dicha norma. La historia de esta norma inicio cuando el ex-Contralor Edgardo Maya, el senador del Polo democrático Jorge Enrique Robledo , entre otros, denunciaron que había un “mico” (un artículo incluido a escondidas) y solicitaron al ex-presidente Santos que no sancionara la ley, porque de lo contrario la demandarían ante la corte constitucional. Este “mico” consiste en permitir que las empresas privadas al incumplir o realizar actos corruptos en contratos de alianza público-privada, pueden obligar al estado colombiano a pagar sus daños, pérdidas, deudas e intereses, con el agravante de ser una ley retroactiva, es decir que las empresas que hayan fracasado en sus negocios antes de la expedición de la ley, pueden reca